El frente judicial que acorrala a la conducción de la AFA: todas las causas de un escándalo que crece

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) enfrenta un frente judicial cada vez más amplio y complejo. A partir de denuncias de organismos del Estado, reportes de operaciones sospechosas y derivaciones de investigaciones económicas previas, la Justicia federal y penal económica tramita una serie de expedientes que, aunque formalmente separados, convergen en un mismo núcleo: el circuito del dinero que rodea al fútbol profesional.

Las causas incluyen investigaciones por lavado de activos, evasión impositiva, apropiación indebida de aportes previsionales, maniobras con divisas durante el cepo, contratos comerciales en el exterior y el origen de bienes de alto valor. Este es el detalle ordenado de todas las investigaciones que hoy complican a la AFA y a su entorno:

Una de las causas más voluminosas es la que se inició a partir de una denuncia de la DGI contra la financiera Sur Finanzas S.A., su propietario Ariel Vallejo y la tesorera de la firma, Micaela Sánchez, por presunto lavado de activos y evasión tributaria.

Según la investigación, entre 2022 y 2025 se detectaron operaciones irregulares realizadas a través de billeteras virtuales por un monto estimado en 818.000 millones de pesos. Para esos movimientos se habrían utilizado monotributistas de categorías bajas y contribuyentes apócrifos, que realizaron transferencias millonarias incompatibles con su capacidad económica declarada.

La causa quedó radicada en el juzgado federal Nº 1 de Lomas de Zamora, a cargo del juez Federico Villena, con intervención de la fiscal Cecilia Incardona y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac).

La misma la siguió el juez Luis Armella, del juzgado número 2, y quien ordenó múltiples allanamientos. Pero a fines de diciembre, la Cámara Federal de La Plata resolvió que Villena continúe al frente del expediente y rechazó un planteo para unificarlo con otra causa.

En diciembre, ARCA denunció directamente a la AFA por presunta apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social por un monto estimado en 19.000 millones de pesos.

Según la presentación judicial, la entidad habría retenido impuestos y aportes previsionales entre marzo de 2024 y septiembre de 2025 sin ingresarlos al fisco dentro del plazo legal.

La AFA actuó como agente de retención, descontando esos montos a empleados y clubes, pero habría utilizado los fondos como financiamiento propio.

El fiscal en lo Penal Económico Claudio Roberto Navas Rial imputó formalmente al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia; al tesorero Pablo Toviggino; al secretario general Cristian Malaspina; y al director general Gustavo Lorenzo.

El expediente tramita en el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N.º 5, a cargo del juez Diego Amarante, bajo la figura de violación del Régimen Penal Tributario.

Otro eje sensible del escándalo involucra tres expedientes que tramitan en la Justicia federal porteña por presuntas irregularidades en la venta de dólares a precio oficial por parte del Banco Central entre 2022 y 2023, en plena vigencia del cepo cambiario.

Las investigaciones analizan si financieras compraban dólares al tipo de cambio oficial y luego los revendían en el mercado informal, obteniendo ganancias extraordinarias.

Las causas están radicadas en los juzgados de María Servini, María Eugenia Capuchetti y Sebastián Casanello. En los últimos días se realizaron decenas de allanamientos.

En el expediente que tramita Servini se ordenó el allanamiento de Sur Finanzas y del domicilio de la madre de Ariel Vallejo. La denuncia fue presentada por la UIF y el fiscal interviniente es Carlos Stornelli.

En paralelo, la Justicia analiza el rol de TourProdEnter LLC, una empresa constituida en agosto de 2021 en el estado de Florida, Estados Unidos, que se convirtió ese mismo año en el agente comercial de los negocios de la AFA en el exterior.

Según reveló La Nación, la firma administró más de 260 millones de dólares por contratos de sponsoreo, organización de partidos amistosos y otros acuerdos internacionales.

De ese total, más de 42 millones de dólares habrían sido desviados a cuatro empresas radicadas en Estados Unidos que no registran empleados ni actividad económica declarada.

TourProdEnter figura a nombre de Érica Gillette, esposa de Javier Faroni, empresario, productor teatral, ex diputado provincial del Frente Renovador y dueño de Deportick, la plataforma a través de la cual la AFA vende las entradas para los partidos de la Selección argentina.

A este entramado se suma la investigación por una mansión ubicada en la localidad de Villa Rosa, partido de Pilar, cuyo origen patrimonial quedó bajo la lupa judicial, ya que aparecen dos presuntos testaferros vinculados a Pablo Toviggino.

La Justicia busca determinar si la propiedad fue adquirida con fondos cuyo origen no puede ser justificado o si está vinculada a alguna de las maniobras financieras investigadas en las otras causas.

El expediente analiza la titularidad real del inmueble, de 105.000 metros cuadrados y tasado por la Justicia en US$ 17 millones, las formas de pago, la eventual utilización de sociedades o testaferros y la correspondencia entre los ingresos declarados y el valor de la propiedad.